Dos años de experiencia del primer Ombudsman del País Vasco

Resumen

Se expone la misión del Ombudsman en un estado de derecho. Para ello se remonta al primer Justitie-Ombudsman creado en Suecia el año 1809, lo que ha representado en la historia. Su rica experiencia y el prestigio adquirido mueven a otros estados a introducir la figura del Ombudsman tras la II Guerra Mundial, instaurándose en los países democráticos de Europa. En España se introduce con la Constitución de 1978, con carácter jurídico-político, bajo el nombre de Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales ante quien ha de rendir cuentas de su gestión, con poderes que le otorga la Ley orgánica 3/1981, de 6 de Abril, que regula la Institución. En dicha Ley se contempla la posibilidad de la creación de comisionados similares en las comunidades autónomas. El Parlamento Vasco aprobó la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko. El nombramiento no se hizo hasta el 2 de marzo de 1989. A continuación se abre un paréntesis sobre la figura histórica del Justicia de Aragón, y se cita también el desarrollo del proceso de instauración del Ombudsman en comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia y Canarias. El Ararteko, además de exponer lo fundamental de su Institución como forma jurídica en defensa del ciudadano frente a los abusos y negligencias de la Administración pública, explica su modo de actuar escuchando a las partes y recordando el cumplimiento de la legalidad vigente. Y haciendo suya la frase de Protágoras: "El hombre es la medida de todas las cosas", considera importante la filosofía que cada Ombudsman imprime a su gestión. Puede iniciar la investigación no sólo a instancia de parte sino también de oficio, y reserva este proceder especialmente para aquellos colectivos en situación de indefensión, a los que presta particular atención, y ha proyectado realizar investigaciones monográficas para informar al Parlamento. En el informe anual de su gestión al Parlamento, muestra, además de una selección de las quejas más representativas por cada área de su competencia, una serie de conclusiones, así como distintas sugerencias y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos, tanto al legislativo, señalando aquellas deficiencias de legislación detectadas, como al ejecutivo, en recordatorio de los deberes legales y en garantía de los derechos de los administrados, coadyuvando a la consecución de lo que debe ser el fin último de la Administración, el interés público.